2 de abril de 2025
Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo.
En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes.
Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, imputados por el delito de coerción ideológica y detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo.
La detención de Cornejo se produjo el 24 de febrero -hoy con prisión domiciliaria- y la de Soria, el 31 de marzo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto, ubicado en Uspallata, departamento de Las Heras. Este proyecto tiene una larga historia de existencia y de resistencia.
Desde las primeras exploraciones en la década del 60, el proyecto pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos en ese sentido fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo.
La historia de resistencia frente al proyecto se retrotrae al año 2008, cuando el pueblo de Uspallata, que se transformó en Asamblea de Vecinos, le dijo que NO a un proyecto que sólo traería saqueo y contaminación. Esa lucha se transformó en mendocina y luego en nacional, cuando se sumó a otras muchas luchas contra la megaminería a cielo abierto que se despliegan por diversos territorios de la Argentina desde hace décadas.
Desde la Unión de Asambleas de Comunidades repudiamos la respuesta represiva y criminalizadora de los poderes empresariales y políticos frente a la expresión de la voluntad popular de rechazo a la minería en Mendoza.
Estamos convencidxs de que la organización de las comunidades es lo que impedirá que estas tierras sean escenario de negocios de los poderosos y de despojo de los pueblos.
Las asambleas de la UAC, junto a pueblos originarios y vecinxs del territorio, exigimos:
LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS COMPAÑEROS DETENIDOS Y EL CESE DEL HOSTIGAMIENTO, AMEDRENTAMIENTO Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS COLECTIVAS
¡LA LUCHA DE MENDOZA ES NUESTRA LUCHA!
Foto: Revista Cítrica
