Respaldándose en informes científicos, el testigo Souza explicó que “Argentina asiste a un modelo productivo de monocultivo. Se sabe que los monocultivos son insustentables”. Afirmó que se están alterando los ciclos biológicos a partir de insumos externos: insecticidas, pesticidas y fertilizantes. A su vez, la dependencia del modelo productivo de estos insumos se agudiza a causa de la pérdida de nutrientes de la tierra, explicó el experto. “Es igual que en nuestra vida, yo no vivo pensando qué remedio voy a tomar sino cómo hago para no necesitarlo”, declaró.

El ingeniero es parte del Convenio de Estocolmo, organismo que nuclea a más de 120 países del mundo, en el cual se llega a consensos respecto a cuáles químicos deben ser retirados del mercado por ser perjudiciales para la salud y el ambiente. Explicó que el glifosato está siendo investigado para que se lo declare C.O.P. (Contaminantes Orgánicos Persistentes).

Souza explicó que uno de los factores que complejiza aún más la identificación temprana del impacto de los tóxicos es que “no todas las personas tenemos la misma capacidad de detectar anomalías en nuestros cuerpos”.

Con respecto a las preguntas del Tribunal sobre sus efectos, dio una extensa introducción y señaló que “en salud se parte de la imposibilidad de ligarla a una sola causa. Las condiciones de exposición hacen a la peligrosidad. Los agrotóxicos se analizan en laboratorio y sus condiciones son restringidas, después se largan al campo.. ahora bien no podemos decir una relación causa efecto pero sí ver las condiciones y cuánto se usaron.”

Terminada la declaración del experto, comparecieron Orfidia Vazquez, la casera de Gabrielli, y Hilda Godoy, propietaria del campo que arrendaba Gabrielli. Ambas reconocieron a Gabrielli y Parra, ubicaron las tierras en el plano y afirmaron que en esos campos efectivamente se sembraba soja y se fumigaba, aunque no eran capaces de afirmar con qué sustancias.

Vazquez, cuya casa queda dentro del campo del señor Gabrielli, incurrió en varias contradicciones, como afirmar -a diferencia de su testimonio anterior- que no vio avionetas o que no sentía los efectos de las fumigaciones.

En la Carpa del Aguante fue un día de crucial importancia. Es que el Segundo Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados decidió trasladarse y desarrollar su actividad allí, en medio de la efervescencia nacional que ha producido la realización del juicio.

Pasadas las 11 de la mañana la carpa comenzó a llenarse de personas hasta que el espacio no fue suficiente y tuvieron que acomodarse afuera.

De distintos lugares del país provienen quienes vienen al Encuentro: pueblos de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, regiones del norte, un poco más al sur: todxs son testigos del modelo del agro-negocio actual, y del impacto en sus cuerpos.

Al mediodía, Patricia Agosto, del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, presentó el proceso de Juicio Ético a las Trasnacionales que tuvo lugar el año pasado, con audiencias en el NOA, Patagonia y Triple Frontera, donde fueron enjuiciadas empresas trasnacionales dedicadas a diversas actividades del modelo extractivo exportador, como petroleras, megamineras, forestales y dedicadas a los agronegocios.

Al igual que el jueves, en la tarde de ayer, el abogado de la querella, el “Gallego” Martínez, volvió a compartir sus impresiones con quienes se encontraban en la Carpa.

La tarde fue avanzando y se dio inicio al II Encuentro de Pueblos Fumigados, con una primera instancia colectiva que buscaba el encuentro y el conocer las realidades de los otros pueblos. A su turno, cada representante o delegación de distintos pueblos fumigados dio su testimonio sobre los procesos de lucha y lo que se vive en los distintos puntos de Argentina. Esta instancia, de la que se tomó detallada nota, sirve para seguir construyendo el mapa de la impunidad de los agronegocios y de las resistencias.

Hoy será el momento, en la segunda jornada del Encuentro que se realiza en la Facultad de Psicología, de pensar maneras concretas de coordinación y acciones comunes.

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En la jornada de hoy a las nueve de la mañana, estaba anunciado el inicio de un juicio que no se ha dudado en caratular como un hecho histórico en relación a las luchas contra las fumigaciones y los agrotóxicos en el país. El primer juicio penal que se desarrollará en Argentina por uso indebido de agrotóxicos, violando 4 normas municipales, provinciales y nacionales, comienza ya de manera polémica. Cuando la concentración formada por integrantes de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, del Colectivo Paren de Fumigar, vecinxs del barrio y otras organizaciones sociales y políticas quisieron acercarse a las puertas de Tribunales II, donde estaba previsto y autorizado el armado de una carpa donde se desarrollarían diversas actividades en el marco del juicio, encontraron un vallado policial que impide acercarse a más de 50m. del ingreso.

Al iniciarse la jornada, el presidente del Tribunal Dr. Rodríguez, hizo dos anuncios: por un lado, dado el interés social en la causa y para que quede claridad en relación a qué es efectivamente lo que se juzgará en estos días, la autorización especial de transmitir en vivo la lectura de la acusación, aunque no de los testimonios (restricción que vale para todos los juicios); por otro, expresó que será desalojada cualquier persona que se comporte de manera «indebida», es decir, que exprese aprobación o rechazo a alguna expresión en el tribunal, con gritos o de alguna otra manera.

Cuando se aprestaba el Secretario del Tribunal a leer la acusación, la defensa del aerofumigador Edgardo J. Pancello y los empresarios sojeros Francisco Parra y Jorge A. Gabrielli, pidieron que se aparte de la causa al querellando Dr. Medardo Ávila Vazquez,  argumentando que cuando se lo aceptó como tal  lo hacía en carácter de subsecretario de salud municipal y ya no posee ese cargo; y negando que tenga algún tipo de representatividad de lxs vecinxs de barrio ituzaingó o de lxs ciudadanxs de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, pretendierno sostener que el Dr. Avila Vazquez podía ser imputado en la causa general, como representante del estado municipal. Sin embargo, el fiscal a cargo de esa causa, Carlos Matheu, manifestó que las fumigaciones que están siendo investigadas son previas a los años en que Avila participó de la gestión municipal, por lo que esta afirmación no tiene sustento.

El pedido de la defensa fue finalmente desestimado, sobre todo por considerarse su presentación extemporánea, es improcedente plantearlo cuando ya se está sustanciando el juicio.

Todo el país tiene la mirada puesta en lo que sucede en el edificio de Barrio Güemes, ya que, como se viene afirmando desde Paren de Fumigar y Madres de Ituzaingó Anexo, este juicio «podría sentar un precedente único, en cuanto a defender los derechos a la salud de los pueblos, vulnerados por la codicia de los empresarios sojeros que no dudan en envenenar escuelas rurales, pueblos enteros, comunidades originarias, fuentes de agua, etc., en su afán de aumentar su renta agraria.»

Mientras en este caso se juzga exclusivamente el delito de contaminación ambiental mediante uso de agrotóxicos violando las normativas específicas (ley provincial de agroquímicos, ley nacional de recursos peligrosos y ordenanzas municipales), por otro lado se espera que pueda darse inicio a la llamada causa madre, que en otra instancia judicial buscará acreditar con certeza la relación entre las fumigaciones con agrotóxicos y las altísimas tasas de enfermedades (cánceres, leucemia, malformaciones congénitas, abortos espontáneas) presentes en Barrio Ituzaingó.  Para lo cual se espera el resultado de las pericias solicitadas por el fiscal Matheu.